Todo permite indicar que el transporte remunerado de pasajeros en Chile experimentará un cambio extraordinario mucho antes que se dicte la ley, comprometida por la Alianza y la Concertación con el Gobierno, de crear la Superintendencia del Transporte de Pasajeros.
Todas las facultades que tiene el Ministerio, hoy extraordinarias, pasarían a manos de ese nuevo organismo que tendría el control absoluto del transporte remunerado que va, desde la entrega de concesiones de recorridos, hasta el control, investigación y sanciones a quienes incumplan las normas. Pero mientras se espera la creación de la mencionada Superintendencia, el Ministerio de Transportes continua aumentando su fuerza y poder para manejar la locomoción colectiva remunerada en Chile.
Más atribuciones para el Ministerio de Transportes
Un ejemplo de esta situación es que en el Diario Oficial del sábado 19 de Marzo se publico la Ley 20504 que amplia al máximo las facultades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para hacer y deshacer los servicios de locomoción colectiva en el país e incluso autoriza al Presidente de la República para caducar las concesiones entregadas a los transportistas de pasajeros “si el interés público así lo requiere”.
Las nuevas normas permiten, además, intervenir las empresas, nombrar Administradores, aplicar sanciones de 200 UTM por infracción y revisar sus contabilidades, deudas, activos pasivos y cualquier situación que pueda afectar “la prestación de un servicio eficiente, seguro y de calidad”. Las indemnizaciones que se pudieren cancelar a los empresarios a quienes se caduquen sus condiciones serán fijadas, además, por el Panel de Expertos del Ministerio de Transportes.
Junto con ofrecer servicios excelentes a los usuarios, la Ley defiende todos los derechos sociales de los trabajadores de las empresas y será causal de caducidad de la concesión el no pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones o facultades de sindicalización.
La ley no se refiere exclusivamente al Transantiago sino que al sistema nacional remunerado de pasajeros del país y agiliza los procedimientos legales tanto para caducar concesiones donde se arbiertan irregularidades o servicios ineficientes como los procedimientos para licitar las vías en ciudades con problemas de contaminación, congestión o seguridad.
En la actualidad en varias ciudades -Concepción y Rancagua por ejemplo- las concesiones se encuentran vencidas y se están prorrogando transitoriamente por el sistema de resoluciones de los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones. La nueva norma establece que en el llamado a licitación se deberá efectuar mediante un aviso publicado en el Diario Oficial, y el Ministerio de Transportes privilegiara a las empresas que ofrezcan buses menos contaminantes, mejores condiciones laborales para su personal, y capacidad para contratar servicios complementarios que permitan desarrollar recorridos eficientes, seguros y de calidad.
En las licitaciones sólo podrán participar empresas con solvencia económica, técnicamente capacitadas las que antes de proceder a la licitación propiamente tal, deberán ser examinadas en cuando a su capacidad económica, financiera, operativa y administrativa. Esto deja fuera del sistema a las Asociaciones Gremiales de empresarios y a los choferes asimilados a Sindicatos que, mediante campañas y presiones a parlamentarios y políticos pretendieron seguir operando con recorridos y servicios de locomoción colectiva.
Para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como los senadores y diputados que por amplia mayoría aprobaron la Ley según un protocolo que la Concertación y la Alianza firmaron en septiembre del año pasado, se entregaron las facultades para que el país, tanto en Santiago como en regiones, disponga de servicios de locomoción colectiva eficientes, seguros y de calidad y desarrollar esta actividad quienes dispongan de los medios financieros, condiciones técnicas y de capacidad para cumplir esas obligaciones.
Las facultades entregadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones son de una amplitud desconocidas en otras áreas de la economía, al extremo que podrá caducar las concesiones y fijar las posibles indemnizaciones, por el solo hecho de aceptar la tesis de cambiar, revocar o modificar los servicios si “el interés público así lo requiere”.
Luis Alberto Padilla
Periodista
Transporte urbano y rural 